Seminario Antimafia Italo-Argentino

  • En Argentina, numerosas ramas de la economía han sido alcanzadas por la criminalidad organizada: se estima que al menos medio millón de personas se encuentran en condición de esclavitud y trabajo forzoso en talleres, campos y otros lugares que obran de manera clandestina; entre ellas, miles de menores y mujeres son destinados a la explotación para fines sexuales o laborales. Asimismo, la comercialización y el uso de drogas en el país ha crecido exponencialmente en la última década, así como el número de muertes relacionadas con esa.

  • La presencia de la criminalidad organizada en Italia data de hace más de dos siglos, siendo ésta anterior a la misma unificación del País, y con el transcurso de los años ha ido transformándose y expandiéndose tanto en su distribución geográfica como en sus ámbitos de actividad, alcanzando las provincias más septentrionales y las cumbres del mundo empresarial. En respuesta al fenómeno mafioso, el Estado italiano ha desarrollado un sistema de lucha a la criminalidad organizada que no tiene equivalentes en el mundo, abarcando todo aspecto legislativo y jurídico relacionado con el tema, desde las sanciones penales previstas para los delitos de tipo mafioso, hasta la reutilización social de los bienes confiscados a las organizaciones criminales.

Para reducir el nivel de delictividad es imprescindible intervenir directamente en los mecanismos clandestinos de generación y circulación de ingentes masas de dinero, por un lado, y en la infiltración de entidades mafiosas en las esferas legislativas, judiciales y ejecutivas del Estado, por el otro.

 

Además de la participación activa de las instituciones estatales en la lucha a las mafias, imprescindible para extirpar el fenómeno desde su raíz, es necesario involucrar también a los ciudadanos de manera transversal, más allá de las creencias políticas o religiosas, para crear un frente unido de oposición a las actividades de las organizaciones criminales en la Argentina, basado en intereses y valores comunes de transparencia y legalidad.

 

La criminalidad organizada, entendida como conjunto de asociaciones criminales que persiguen fines económicos a través de delitos como la trata laboral y sexual, el narcotráfico, el lavado de activos, la explotación y esclavitud de personas, constituye un verdadero flagelo para los países de América Latina y del Caribe, que padecen graves situaciones de violencia, pobreza y violaciones de los derechos humanos causadas por estas actividades ilícitas. Los delitos implementados por dichas asociaciones criminales son, en parte, favorecidos por la connivencia de sectores del Estado, ya sea políticos, judiciales o policiales, lo que genera un escenario de mafiosidad y corrupción estatal que favorece el encubrimiento, el crecimiento y la impunidad de las organizaciones delictivas. 

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