La decisión de Estrasburgo es una derrota del régimen de detención italiano o una posibilidad de reforma y debate con Europa sobre los temas de la legislación antimafia?
El 8 de octubre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó la apelación del gobierno italiano con respecto a la decisión del mismo sobre el caso de Marcello Viola, hombre de la ‘ndrangheta en prisión desde los años noventa por una larga serie de crímenes que le valieron cuatro cadenas perpetuas. Rechazando las peticiones italianas, el Tribunal de Estrasburgo confirmó su posición del pasado 13 de junio, según la cual el régimen de cadena perpetua definitiva constituye una violación del artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, ya que somete a los condenados a tratamientos inhumanos y degradantes.
Tras esta decisión, como era fácil de predecir, surgió un verdadero escándalo mediático. Hubo quienes gritaron a la enésima injusticia de las instituciones europeas, quienes definieron la sentencia 'demencial' y un insulto a la memoria de Falcone y Borsellino, y quien de otra manera pensó que era justo y coherente con el artículo 27 de nuestra Constitución, que establece que las sanciones deben "tender a la re-educación del condenado".
Como suele suceder, hubo mucha confusión. Intentemos entonces aclarar las instancias específicas de la oración, comprender de qué se trata y cuáles podrían ser sus consecuencias, también teniendo en cuenta el hecho de que el 22 de octubre nuestro Tribunal Constitucional dictaminará sobre el tema de la cadena perpetua del caso Cannizzaro.
En primer lugar, hay que dejar sentado qué se entiende por cadena perpetua: el sistema legal italiano prevé dos tipos de cadenas perpetuas, el efectivo y el definitivo.
En el primer caso, si la persona condenada ha demostrado un arrepentimiento efectivo por los delitos cometidos y ha mantenido un buen comportamiento durante la custodia, tiene derecho a obtener ciertos beneficios, tales como permisos de concesión, semi- libertad y libertad condicional. En cambio, el segundo tipo de cadena perpetua, también llamado 'FINE PENA MAI' (que nunca termine la pena) , está previsto para aquellos que han sido culpables de crímenes particularmente atroces (asociación criminal de tipo mafioso, terrorismo, secuestro con fines de extorsión, etc.), y no prevé ningún tipo de beneficio, a menos que el prisionero decida colaborar con la justicia o su colaboración se considere irrelevante (por ejemplo, porque las circunstancias del delito ya se han aclarado).
Ahora bien, ¿qué dice específicamente la sentencia del CEDH? Leyendo en detalle los documentos de la disposición, lo que emerge no es un ataque directo al instrumento de la cadena perpetua como tal, ya que "la legislación interna no prohíbe, de manera absoluta y con efecto automático, el acceso a la libertad condicional y otros beneficios del sistema penitenciario". Más bien, Estrasburgo subraya el hecho de que nuestro país "lo subordina a la ‘ colaboración con la justicia’ ".
Esta colaboración es, para el legislador italiano, el indicador objetivo del rechazo a los valores criminales y la disociación del grupo mafioso al que pertenece, así como el elemento central para su proceso de resocialización. Al contrario, la falta de colaboración justifica la presunción irrefutable de su peligrosidad social y, por lo tanto, la negación de los beneficios de custodia. Además, ¿cuál es el problema al exigir que un mafioso coopere con las autoridades antes de poder acceder a estos beneficios? Y de eso se trata.
Los jueces de Estrasburgo cuestionan la posición italiana según dos elementos. Por un lado, se pone énfasis en que la opción de colaborar puede responder a las necesidades oportunistas de los condenados para acceder a los privilegios previstos por ley, sin reflejar una corrección real de su parte o su disociación efectiva del entorno criminal. Por el otro, esta elección no siempre puede considerarse 'libre', ya que los presos a menudo se niegan a cooperar con las autoridades simplemente por temor a las repercusiones para ellos o sus familias. De aquí viene la sentencia del pasado 8 de octubre por la cual Italia, al negarle a Viola los beneficios de detención debido a su falta de colaboración, lo privó de la posibilidad de rehabilitación y la esperanza de algún día poder salir de prisión, violando su dignidad humana y, por lo tanto, el artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.
Ahora, a la luz de lo escrito, ¿qué podemos leer entre líneas de esta oración? Propongo tres puntos de reflexión, sobre todo en vista de la inminente decisión del Tribunal Constitucional sobre el caso Cannizzaro.
Primero. El CEDH no se equivoca cuando afirma que la colaboración de un mafioso no necesariamente presupone su arrepentimiento real. Pero lo que la Corte parece perder de vista es el papel histórico-político que tuvo el pentitismo en Italia. Hablar no siempre equivale a arrepentirse, pero tal vez representa algo aún más importante: significa negar la ley de la mafia a favor de la del Estado. De esta manera, el vínculo del afiliado con la cultura criminal se rompe definitivamente al golpearlo en su fuerza, el silencio. Un proceso que para un mafioso es probablemente más doloroso incluso que el arrepentimiento, porque es irreversible. De hecho, cada vez que habla un arrepentido, el Estado gana incontrovertiblemente a las mafias. Una regla fundamental que nuestro país ha aprendido en tantos años de masacres y ataques, pero que Europa puede y debe hacer suya observando la experiencia italiana.
Segundo. Las leyes italianas ofrecen un sistema de protección para los colaboradores de justicia y sus familias. Sin embargo, si muchos de estos no cooperan por temor a las repercusiones, es bueno que Italia tome la sentencia del CEDH como un incentivo para mejorar. La elección de colaborar debe ser totalmente gratuita y garantizada por el estado, sobre todo en sus consecuencias. Solo de esta manera será posible fomentar la colaboración, tan útil para el país en la lucha contra la mafia como para la cadena perpetua en su camino de corrección y rehabilitación social.
Finalmente, esta decisión, a pesar de la controversia que ha suscitado, debe conducir al crecimiento tanto para Italia como para Europa. No se nos dice que eliminemos la cadena perpetua o los 41 bis, como algunos temieron erróneamente, pero se nos ha sugerido actualizar nuestro régimen de detención para que no parezca inhumano y viole el Convenio europeo para la protección de los Derechos Humanos. Debemos aprovechar esta oportunidad para dar a luz una reforma que no solo sea útil y efectiva para nuestra nación, sino que también pueda actuar como modelo para aquellos países europeos que aún no conocen el toque mortal de las mafias, pero que pronto tendrán que rendirle cuentas. Empecemos, tal vez incluso a partir de la decisión sobre el caso Cannizzaro.
Solo así será posible transmitir a los organismos europeos la debida percepción del fenómeno de la mafia, que es históricamente italiano, pero que requiere instrumentos de contraste comunes e internacionalmente compartidos.